8/6/08

JUDICATURA: DEROGAN NORMAS ATENTATORIAS CONTRA LA JUSTICIA PENAL JUVENIL

Garantizan los derechos de adolescentes infractores Devolverán a juzgados de origen los procesos de jóvenes infractores. Dan reconocimiento expreso a su condición de personas en desarrollo.
Los procesos de adolescentes con medidas de internamiento preventivo dictadas por magistrados de los diferentes distritos judiciales, y que son investigados por los juzgados de familia de Lima, serán devueltos a sus juzgados de origen en todo el país. Así lo dispuso el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), presidido por Francisco Tavará Córdova, con el propósito de garantizar los derechos de los jóvenes infractores. Esta decisión la adoptó el órgano de gobierno al dejar sin efecto los artículos 4, 5 y 7 de la RA Nº 425-CME-PJ, expedida el 25 de julio de 1997, la cual dispuso que los juzgados de familia de Lima asuman competencia en los referidos procesos. A criterio del CEPJ, dichas disposiciones violaban principios y derechos fundamentales de las personas consagrados en la Constitución, así como leyes nacionales e internacionales de protección al menor. Entre ellas, al principio del juez natural, legalidad y, además, desconocía los parámetros de competencia para estos procesos establecidos en el Código de Niños y Adolescentes. "El traslado de los menores infractores de otros distritos judiciales al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación o el Centro Juvenil Santa Margarita, ambos en Lima, es una medida no prevista en el Código de Niños y Adolescentes, que equivale a una sanción anticipada, impuesta sin que exista juicio previo ni se haya determinado judicialmente la responsabilidad del adolescente", sostuvo el órgano de gobierno. En consecuencia, agrega, dichas normas atentaban contra el principio de legalidad y el derecho a la presunción de inocencia establecidos en el Código de Niños y Adolescentes, la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño. Justificación El CEPJ justifica su decisión en la necesidad de evitar se vulneren las garantías de la administración de justicia penal juvenil, y de esta manera, coadyuvar a la protección de los derechos humanos de los adolescentes infractores, así como un reconocimiento expreso a su condición de personas en desarrollo. Actualmente, pese a que muchos de los menores infractores proceden de diversas regiones del país, cumplen medidas de internamiento en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación y el Centro Juvenil Santa Margarita, ambos en Lima.
EL PERUANO 28-02-2008